Un reportaje de Ojo Público reveló que la provincia de San Ignacio, en Cajamarca, se ha convertido en el nuevo centro de la minería ilegal de oro en el norte de Perú. Esta actividad está destruyendo el río Chinchipe, clave para la actividad agrícola que sostiene la zona, y desatando una ola de violencia en la región. Pese a que la explotación de oro en los ríos es una práctica prohibida, de las 139 concesiones mineras registradas en la zona, 30 de ellas se superponen directamente sobre el mencionado río: 16 tituladas, 13 en trámite y una extinguida, según Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet).

Este río nace en los Andes ecuatorianos y atraviesa 150 kilómetros en Perú antes de unirse al río Marañón. La investigación periodística evidenció la presencia de decenas de retroexcavadoras que han ocasionado graves daños en siete lugares del cauce y sus afluentes, el Canchis y el Namballe. Esta extracción aluvial es realizada principalmente con maquinaria pesada, a diferencia de otras zonas amazónicas donde predominan las dragas, lo que permite un fácil acceso desde carreteras y trochas sin un control policial efectivo.

Asimismo, la cercanía con Ecuador no solo facilita el contrabando del mineral extraído, sino también propicia la presencia de ciudadanos ecuatorianos y colombianos que operan la maquinaria y reclutan mano de obra local. 

Por otro lado, el incremento de solicitudes de concesión minera es aún más alarmante. De 12 expedientes en trámite entre 2015 y 2023, la cifra se disparó a 41 solicitudes desde 2024 hasta la fecha, triplicándose en menos de dos años, de acuerdo con información del Ingemmet. San Ignacio, que hoy concentra el 52 % de todas las concesiones tituladas en lo que va de 2024. 

No obstante, la brecha entre la actividad extractiva real y la formalidad es inmensa, ya que la provincia solo registra 14 mineros vigentes en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) de un total de 365 vigentes en Cajamarca. 

Amenazas y criminalidad

Las rondas campesinas, autoridades locales y organizaciones sociales han conformado el Frente Ambiental y de Desarrollo Sostenible Integral de las provincias de San Ignacio y Jaén, con el objetivo de defender su territorio. Sin embargo, el avance de la minería ilegal  ha desatado una espiral de violencia en la provincia que pone en riesgo a quienes intentan frenar esta actividad. 

En abril de este año, el presidente de la Federación Provincial de Rondas Campesinas de San Ignacio, Agapito Castillo Barco, fue emboscado junto a los alcaldes José Tapia (Jaén) y Óscar Córdova (La Coipa) durante una movilización en defensa de los recursos naturales.

“Si no ponemos un freno a esta situación, vamos a terminar como en Pataz (La Libertad) donde reinan el sicariato, la prostitución, el alcoholismo y la drogadicción”, declaró Agapito para Ojo Público.

La minería ilegal atrae además otras actividades ilícitas, como el contrabando de combustible desde Ecuador para la maquinaria y la proliferación de talleres de mantenimiento. El flujo de oro extraído cruza la frontera hacia Ecuador para su procesamiento sin control.

El negocio se articula mediante el alquiler de terrenos a orillas del río por parte de familias propietarias, quienes reciben un porcentaje del oro extraído. En la cuenca del Chinchipe se estima que operan unas 400 maquinarias, pertenecientes a cerca de 80 «inversionistas», quienes cuentan con «fuerzas de choque» de entre 10 a 30 personas por campamento para enfrentar intervenciones.

Deforestación y crisis agrícola

La “fiebre del oro” amenaza la producción de café de San Ignacio, conocida como la principal productora de Cajamarca. La productora Dalinda Castillo Córdova advierte que la provincia enfrenta una escasez de mano de obra, pues la minería ilegal paga jornadas de hasta S/ 300, frente a los S/ 50 del sector cafetalero. 

“Nos preocupa la contaminación del río Chinchipe porque en la parte baja hay cultivos de arroz que se riegan con esa agua y también se alimenta al ganado vacuno. Por eso esperamos que San Ignacio sea declarada en emergencia”, agrega.

Además de la contaminación hídrica, la minería aluvial en la cuenca del Chinchipe es la responsable de la deforestación de 126 hectáreas a lo largo de 150 kilómetros del río, explica Sidney Novoa, director de SIG y Tecnologías de Conservación Amazónica (ACCA). Este ecosistema está compuesto principalmente por bosques secos interandinos y zonas agrícolas.

Cuestionamientos a la fiscalía

La labor fiscal en la provincia también ha sido cuestionada. El subprefecto Aníbal García Cruz indica que, desde la pandemia, 12 personas han muerto en zonas de explotación minera. Algunas murieron a causa de deslizamientos mientras extraían material con oro o fueron aplastadas por máquinas y motores. Sin embargo, aún no han sido esclarecidas las causas de estas pérdidas.

Tras estos hechos, en agosto de este año, se abrió una investigación preliminar contra el fiscal José Tejada Ramos, titular de la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Chiclayo, por presunta inacción frente a la minería ilegal. Hasta el pasado 3 de setiembre, San Ignacio estaba bajo la jurisdicción de dicha FEMA.

Entre 2019 y lo que va de 2025, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) de Chiclayo solo judicializó 16 casos de minería ilegal, con apenas dos sentencias condenatorias y ninguna relacionada con las 12 muertes.

Ante el desafío transfronterizo, el Ministerio Público ha reaccionado transformando la Fiscalía Provincial Mixta de San Ignacio en una FEMA. El nuevo fiscal designado, Miguel Ángel Quijano Sena, ya ha iniciado investigaciones contra 20 personas en el distrito fronterizo de Namballe que sigue la ruta de localidades de la región de Amazonas.