Con 17 votos a favor, 3 votos en contra y 1 abstención, la Comisión de Energía y Minas aprobó extender Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) hasta diciembre de 2027, pese al rechazo de diversos sectores, entre ellos gremios empresariales, organizaciones civiles y especialistas en temas ambientales, quienes aseguran que esta medida favorece al minería ilegal y atenta contra los recursos naturales.

Los congresistas que votaron a favor pertenecen a las bancadas de Somos Perú, Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Podemos Perú, Juntos por el Perú, Partido Socialista, Honor y Democracia y Renovación Popular. La medida aún debe debatirse y aprobarse en el Pleno.

Cabe destacar que el dictamen incluye la posibilidad de reincorporar a mineros previamente excluidos del proceso de formalización puedan volver a incorporarse. Como se recuerda, el Ministerio de Energía y Minas había reportado que alrededor de 50 mil mineros habían sido excluidos; sin embargo, estos podrían retornar.

Organizaciones se oponen 

Antes de someterse a votación en la Comisión de Energía y Minas, gremios empresariales, entre ellos Adex, Confiep, Comex, la Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía, entre otros, señalaron que “esta medida representa un grave retroceso en la lucha contra la minería ilegal, hoy convertida en la principal economía ilícita del país, y contraviene los compromisos internacionales asumidos por el Perú en el marco de la Política Andina de Lucha contra la Minería ilegal promovida por la Comunidad Andina (CAN)”.

El colectivo exhortó al Congreso de la República a no aprobar la ampliación del Reinfo, y pidieron “promover una minería artesanal y de pequeña escala formal y sostenible, con estándares adecuados en materia ambiental, laboral y de seguridad de sus trabajadores”.

Además, invocó al Ejecutivo “a involucrarse activamente en este proceso, articulando esfuerzos interinstitucionales para fortalecer la gobernanza ambiental y erradicar las economías ilegales, como sucede en la minería, pesca, forestal y otros”.

Por su parte, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI), también había rechazado esta ampliación, expresando su “profunda preocupación” ante esta medida que “amenaza el orden constitucional, la institucionalidad y los esfuerzos por frenar la minería ilegal en el país”.

Además de rechazar la ampliación del Reinfo, el OMI alertó que también se intentaba “reincorporar a mineros previamente excluidos, eximiéndolos de fiscalización y sanciones. Esta propuesta contraviene lo establecido por el Tribunal Constitucional, que en abril pasado ratificó la necesidad de eliminar cualquier exención de responsabilidad penal, civil y administrativa a quienes realizan actividades mineras ilegales”.

“Además, la ampliación del Reinfo expone al Perú a procesos internacionales en curso, como el que actualmente se desarrolla ante la Comunidad Andina, que ya ha advertido incumplimientos del estado peruano”, agregó.

En la misma línea, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), también expresó su preocupación por esta nueva extensión del Reinfo, que representaría un incremento de actividades que provocan daños ambientales.

“Tras más de dos décadas de prórrogas, el Reinfo se ha convertido en un mecanismo que no impulsa la formalización, sino que prolonga actividades que generan graves impactos ambientales y sociales. Lo que nació como una herramienta temporal para ordenar la pequeña minería y la minería artesanal, hoy funciona como un refugio donde operan miles de personas sin cumplir estándares mínimos, sin control y sin responsabilidad real frente a los daños que generan”, explicó la organización.

La SPDA considera que “una nueva ampliación no solo debilita la capacidad del Estado para ordenar el sector, sino que abre la puerta a actores que ya demostraron no estar comprometidos con el proceso de formalización. Esto profundiza la brecha entre la legislación y la realidad en los territorios, donde comunidades indígenas, defensores ambientales y ecosistemas enteros sufren las consecuencias de la deforestación, la contaminación, la pérdida de hábitats, los impactos en la salud y la violencia asociada a economías ilegales”.

Finalmente, la SPDA indicó que “el Perú necesita una política de formalización minera que sea seria, efectiva y con plazos definitivos. Ampliar indefinidamente un régimen excepcional solo agrava la crisis ambiental y social. Instamos al Congreso a no prolongar más el plazo del Reinfo y a enfocarse en medidas que realmente ordenen el sector, fortalezcan la fiscalización y protejan a nuestras comunidades y ecosistemas”.