Foto: Diego Pérez / SPDA

Con el objetivo de frenar una práctica frecuente en distintas regiones del país, donde la acumulación de residuos en espacios naturales representa un riesgo para la salud de las comunidades, la Comisión de Justicia del Congreso aprobó un dictamen que propone penas de hasta cuatros años de prisión para quienes contaminen cauces naturales.

Basado en el Proyecto de Ley 6186/2023CR, el dictamen plantea modificar el Código Penal mediante la incorporación del artículo 125-A. Esta propuesta propone penas de entre dos a cuatros años de cárcel a toda persona que “por hecho propio o a través de terceros daña, ocupa, desvía u obstruye los cauces o cuerpos de agua, o de cualquier forma y sin autorización, arroje residuos sólidos al cauce, lecho, ribera o faja marginal de un río o quebrada”.

Además, el texto indica que si el responsable impide las inspecciones, vigilancia o actividades de supervisión que realicen las autoridades competentes en materia de aguas, se aplicará la misma pena. Esta disposición busca reforzar la capacidad de fiscalización del Estado y evitar la obstrucción de acciones destinadas a proteger los recursos hídricos.

Además, el texto señala que se impondrán penas de hasta ocho años por dañar obras de infraestructura pública o arrojar residuos sólidos utilizando camiones o cualquier otro tipo de maquinaria pesada.

Aprobado por mayoría 

El dictamen fue aprobado con 21 votos a favor y solo uno en contra. La propuesta fue sustentada por el presidente de la comisión, Isaac Mita Alanoca, del partido Perú Libre, quien advirtió que la acumulación de desmonte y otros residuos sólidos en las riberas de ríos y quebradas, especialmente durante fenómenos como El Niño o en temporadas de lluvias, ha provocado la pérdida de vidas humanas y daños severos en viviendas e infraestructura.

El congresista Alejandro Cavero Alva, autor del proyecto de ley, propuso inicialmente que, en el caso de personas jurídicas, se sancione al gerente general como responsable. Sin embargo, esta disposición fue retirada a pedido de la congresista Martha Moyano, quien argumentó que los delitos son de carácter individual.

Aunque el dictamen ya fue aprobado en la Comisión de Justicia, aún debe ser debatido y aprobado por el Pleno del Congreso para convertirse en ley. De aprobarse, esta medida generaría un nuevo marco legal para el control y sanción de la contaminación en espacios hídricos.