Un reciente informe publicado por la Asociación Marianista de Acción Social (AMAS Marianistas) y la Red Muqui alerta sobre la contaminación con sustancias tóxicas de ríos del norte del país. Estos resultados son el producto de dos décadas de monitoreo ambiental comunitario en tres cuencas: El Perejil (que alimenta el río Chicama, en La Libertad), Caballo Moro (que sostiene el río Santa, en Áncash), y Chuyugual (afluente del río Crisnejas, en Cajamarca).

A través de una conferencia de prensa, líderes, lideresas y especialistas afirmaron que existe una grave contaminación que afecta a las cuencas hidrográficas que sostienen economías agrícolas y ganaderas. Asimismo, indicaron que la expansión de actividades mineras formales, informales e ilegales, sumada a una fiscalización ambiental estatal débil y fragmentada, están comprometiendo derechos fundamentales: el agua, la salud, la vida y la integridad de los ecosistemas.

Cuencas en riesgo en el norte peruano

El biólogo Manuel Hora, del equipo técnico de AMAS Marianistas, presentó los resultados del monitoreo ambiental comunitario, acreditados por laboratorios. En el caso de El Perejil, se hallaron episodios recurrentes de superación de estándares de calidad ambiental; en Caballo Moro, procesos de acidificación del agua; y en Chuyugual, la situación fue más crítica debido a la presencia de nitratos, sulfatos, nitrógeno amoniacal y cianuro, asociado a la expansión minera.

En el caso de Chunyugual, el monitoreo realizado en 2023 muestra un incremento significativo de cianuro WAD y cianuro libre. Según el informe, esto podría estar relacionado con las actividades mineras en la cuenca, lo que afecta la calidad del agua superficial y los ecosistemas circundantes.

En Caballo Moro, los estudios de 2005 a 2024 revelan una tendencia sostenida al incremento de la acidez. Este fenómeno, probablemente también relacionado a actividades mineras, sugiere un proceso de acidificación de las aguas superficiales que podría tener impactos negativos en la agricultura y el ecosistema acuático local.

El informe indica que las actividades de minería formal e informal en las zonas estudiadas, muchas de ellas registradas bajo el Reinfo, podrían haber contribuido en el aumento de la contaminación de estas aguas que abastecen a comunidades campesinas y zonas urbanas, actividades ganaderas, agrícolas y a ciudades de tres regiones, además contribuyen a la cuenca amazónica a través del Marañón.

La capital peruana también está expuesta

En el evento, la lideresa Betzabé Vásquez, de la Asociación por la Defensa del Medio Ambiente de la cuenca del Rímac y de la Coordinadora Nacional de Vigilantes y Monitores Ambientales del Perú, sostuvo que las comunidades de la sierra central viven una situación similar.

“Somos el 80 % campesinos y estamos expuestos a relaves mineros frente a la indiferencia del Estado. El Rímac abastece a Lima y Callao, pero no existe un plan real de prevención. Ante un sismo o huaico, los relaves pueden deslizarse y poner en peligro a toda la ciudad”, advirtió.

También recordó que el Plan Especial Multisectorial para personas expuestas a metales tóxicos no avanza, pese a que más de 10 millones de peruanos están en riesgo. “No hay toxicólogos, no hay tamizajes, no hay atención”, enfatizó.

Territorios vulnerables y un Estado ausente

Victoria Fernández, lideresa campesina de la provincia de Santiago de Chuco (La Libertad), afirmó que las lagunas vienen muriendo, la agricultura se está deteriorando y los niños presentan metales pesados en el cuerpo.

“Somos vigilantes ambientales formados por nuestras comunidades. Sabemos cuándo el agua está viva y cuándo está contaminada. El cianuro está matando nuestras acequias y lagunas”, afirmó.

Por su parte, el padre Víctor Alberto Müller, de la Compañía de María Marianistas, recordó que este acompañamiento comunitario inició hace más de 20 años, cuando las comunidades se organizaron frente al proyecto Lagunas Norte, en ese entonces administrado por Barrick Michiquillay. “La desprotección continúa”, señaló.

Por su parte, Jaime Borda, secretario ejecutivo de Red Muqui, sostuvo que el país vive “un retroceso grave en materia de derechos humanos”.

“La salud ambiental y la salud humana no son prioridad para el Estado. Por eso las comunidades deben venir a Lima a exigir lo que debería ser un derecho garantizado”, añadió.

Finalmente, los panelistas coincidieron en que la contaminación minera está estrechamente vinculada con la pobreza, la desigualdad territorial y la débil institucionalidad estatal. Señalaron que, mientras no existan políticas de prevención, fiscalización efectiva y un ordenamiento territorial vinculante, los conflictos sociales y afectaciones seguirán expandiéndose.