Con el fin de fortalecer la prevención y lucha contra los delitos ambientales en el planeta, un grupo de más de cien organizaciones se unió para solicitar apoyo a la Unión Europea para hacerle frente a esta problemática que incluye el tráfico de vida silvestre, la deforestación, así como minería y pesca ilegales, e incluso el tráfico de residuos.

El pedido concreto es la elaboración de un protocolo adicional para la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC), que sirva para abordar específicamente los delitos que afectan al medio ambiente.

La UNTOC, más conocida como la Convención de Palermo, es un tratado internacional de las Naciones Unidas, adoptado en el 2000, que actualmente cuenta con tres protocolos: uno para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños; el segundo está dirigido contra el contrabando de migrantes por tierra, mar y aire; y, el tercero, contra la fabricación y el tráfico ilícito de armas de fuego.

Según las organizaciones, a finales de febrero de 2026, se realizó en Viena la segunda reunión del Grupo de Expertos Intergubernamentales sobre Delitos que Afectan al Medio Ambiente bajo la UNTOC. Esta reunión representó un momento histórico porque contó con la participación de unos cien Estados, pero señalan que “el resultado fue decepcionante” porque “no se adoptó ninguna de las ocho recomendaciones propuestas para mejorar la acción multilateral”.

Asimismo, resaltan que la sociedad civil no pudo participar formalmente en las negociaciones a nivel de expertos, y se observó “que una minoría bien coordinada de Estados no pertenecientes a la UE logró frustrar el progreso con éxito”. Ante ello, indicaron que, en la Conferencia de las Partes de la UNTOC -que se realizará en octubre de 2026-, la UE debe adoptar “una posición más clara y fuerte, que refleje sus políticas y prioridades existentes, así como el peso colectivo que puede aportar a estas discusiones”.

“Sin un marco legal internacional que establezca estándares y definiciones comunes mínimos, la cooperación internacional se ve frecuentemente limitada por la ausencia de doble incriminación, lo que obstaculiza la extradición y la prestación de asistencia legal mutua. Un instrumento global ayudaría a abordar estos desafíos al tiempo que reforzaría la ambición reflejada en el propio marco legal de la UE, incluyendo la Directiva de la UE sobre Delitos Ambientales y el Convenio del Consejo de Europa sobre la Protección del Medio Ambiente mediante el Derecho Penal”, explican las organizaciones.

En el caso de Perú, los delitos ambientales se han incrementado en los últimos años, en especial la minería ilegal que deforesta y contamina el agua que consumen miles de personas. La pesca ilegal es otro caso que está depredando la biodiversidad marina y afectando la economía de cientos de pescadores artesanales que extraen los recursos con artes de pesca tradicionales y sostenibles.

En el caso del tráfico ilegal de fauna silvestre, este no solo atenta contra las especies sino representa riesgos para la salud pública. Esta actividad ilícita promueve el transporte de animales en condiciones precarias, incrementando el contacto no regulado entre personas y animales domésticos. En julio de 2025, el Ministerio de Salud (Minsa) informó que el 68 % de las enfermedades de los humanos está relacionado con zoonosis, y advirtió sobre la necesidad de fortalecer acciones preventivas desde un enfoque integral de salud humana, animal y ambiental.

En todos los casos, estas actividades ilegales traen consigo otros delitos conexos, como el crimen organizado, la trata de personas, así como las constantes amenazas o atentados contra los defensores ambientales. Solo en los últimos diez años, según Global Witness, más de 60 personas ligadas a la defensa del ambiente han sido asesinadas.

Una lucha más uniforme

La carta de las organizaciones recalca que la UE ya se ha comprometido a fortalecer el marco legal internacional en lucha contra los delitos ambientales y el fortalecimiento de su marco legal internacional. Por ejemplo, el Plan de Acción revisado de la UE contra el Tráfico de Vida Silvestre (2022-2027) identifica como una acción específica el «promover la adopción de un protocolo que cubra el tráfico de vida silvestre bajo la UNTOC». Por ello, ampliar dicho protocolo para cubrir un conjunto más amplio de delitos que afectan al medio ambiente “sería coherente con la legislación existente de la UE, sus compromisos políticos y su dirección estratégica”.

“Crucialmente, un Protocolo adicional presenta una oportunidad única para que la UE garantice que sus ambiciosos estándares se extiendan a otras jurisdicciones. Al liderar el cambio hacia un campo de juego global más nivelado, la UE puede asegurar que las empresas europeas ya no se vean socavadas por competidores que operan en regiones donde el delito ambiental se enfrenta a una legislación más débil o a una aplicación más laxa”, detalla la carta.

Finalmente, expresan la presentación de un proyecto de resolución en la Conferencia de las Partes de la UNTOC, en octubre de 2026, que busque iniciar las negociaciones sobre un Protocolo adicional. “[…] pedimos a la Comisión Europea y a los gobiernos de los Estados miembros de la UE que trabajen urgentemente hacia una posición de la UE fuerte y bien coordinada, y que se comprometan proactivamente con los socios internacionales para iniciar las negociaciones de un Protocolo adicional sin demora”, agregaron.

La carta está firmada por organizaciones como Amazon Watch, Environmental Investigation Agency (EIA), Global Initiative against Transnational Organized Crime, International Fund for Animal Welfare (IFAW), Jane Goodall Institute, Wildlife Conservation Society (WCS), EU Office, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), entre otras.