Escribe: Tamara Barrientos Rivera

 

En el día a día solemos toparnos con innumerables razones que nos dividen: fronteras, idiomas, historias diferentes, pero ¿no hay algo que, irrefutablemente, nos une? 

Me viene a la mente la conocida Carta del Gran Jefe Seattle, un discurso poético basado en notas de una reunión de 1854, encabezada por el jefe Seattle, de la tribu suwamish, para definir los términos de la «cohabitación» entre los colonos blancos y los pueblos indígenas. En ella, la frase “la tierra no pertenece al hombre; es el hombre el que pertenece a la tierra” resume una verdad: somos solo una especie más, de paso, en los miles de años del planeta. Y, sin embargo, somos quizá la primera que amenaza con llevarlo a un punto de no retorno. 

Nos une, entonces, la urgente necesidad de frenar un escenario climático desastroso. En ese frente, los pueblos indígenas de la Amazonía han sido los primeros en alzar la voz para tomar acción. Ellos son quienes conviven, respetan y cuidan la naturaleza. Es totalmente entendible, pues esta les ha brindado todo: el aire, el alimento y la vida. ¿Cómo no respetarla y verla como sagrada si es fuente de existencia? Lamentablemente, esa conexión les ha traído riesgos extremos, al punto de amenazar sus propias vidas. 

El doble reto: extractivismo y economías ilegales 

El problema es más complejo de lo que parece, pero podemos identificar dos grandes amenazas para los defensores ambientales: la idea del extractivismo como modelo de desarrollo y las economías ilegales.

Sobre el extractivismo, como señala Eduardo Gudynas, es un modelo que se remonta a tiempos coloniales y hoy se ha fortalecido como eje principal de las estrategias de desarrollo de muchos gobiernos. No todas las actividades extractivistas tienen el mismo impacto: la recolección de frutos silvestres tiene efectos muy distintos en comparación con la megaminería o la ganadería intensiva. Son estas últimas, basadas en la extracción masiva, con poca transformación y orientada a la exportación, las que más daño causan. Quienes critican no se oponen a toda agricultura o minería, sino a cómo se realizan estas actividades. 

A ello se suman las economías ilegales. Como bien lo señala el investigador Eduardo Ballon, estas han avanzado con fuerza en América Latina y nuestro país. La pobreza, la informalidad, la corrupción y las brechas en servicios básicos, son caldo de cultivo para el narcotráfico, la minería ilegal de oro, la trata de personas y el contrabando. En el país, estas economías representan aproximadamente el 3 % del PBI, donde la minería ilegal de oro es una de las principales.

La resistencia: desde la Amazonía hasta la metrópolis 

Estos dos factores explican por qué cada vez que una persona intenta denunciar actividades que degradan el ambiente se enfrenta a amenazas de actores ilegales, así como a la inacción y hasta la complicidad de algunas entidades del Estado. 

Ante esto, surgen preguntas cruciales: ¿cómo apoyar a quienes resisten?, ¿cómo hacer de su lucha, nuestra lucha?

Primero, informándonos. El Perú es parte del Convenio 169 de la OIT, que obliga al Estado a proteger los derechos de los pueblos indígenas, su identidad, su cultura y sus formas de vida. Si se vulneran estos derechos -por ejemplo, omitir la consulta previa-, tienen derecho a reclamar en instancias nacionales e internacionales. Tal vez no todos podamos asesorar legalmente a los defensores ambientales, pero sí podemos difundir información y facilitar el contacto con profesionales que sí lo hagan. 

Además, desde 2021, está vigente el “Mecanismo intersectorial para la protección de personas defensoras de derechos humanos”, que reconoce como defensores a toda persona o colectivo que promueve, protege o defiende los derechos humanos de manera pacífica. Esto nos incluye a todos. También existe el “Registro sobre situaciones de riesgo de personas defensoras de derechos humanos”, a cargo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Esta plataforma online, que puede ser utilizada por la propia persona defensora o por terceros, permite la identificación de zonas de riesgo y la activación del Mecanismo Intersectorial para brindar medidas de protección urgentes.

Nuestra mayor herramienta es conocer nuestros derechos. Así podremos apoyar a quienes no tienen acceso a esa información por la brecha digital. En paralelo, en los últimos años, han surgido diversos colectivos y movimientos ambientalistas como MOCICC (Movimiento Ciudadano Frente al Cambio Climático), MAP (Movimiento Ambientalista Peruano), Voces por el Futuro, Deuda x Clima, entre otros, que reflejan el creciente compromiso ciudadano, especialmente por defender el ambiente y exigir un futuro sostenible. 

Hoy sentimos las consecuencias de creer que podemos alterar la naturaleza sin pagar un costo. Por eso es clave proteger a quienes arriesgan todo para regalarle a las futuras generaciones no solo un planeta donde sobrevivan, sino un lugar donde puedan vivir plenamente.