En entrevista con Tv Perú, Rodolfo García Esquerre, alto comisionado para el combate de la minería ilegal de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), afirmó que esta actividad ilegal se ha convertido en uno de los problemas más graves a nivel nacional, en términos ambientales y sociales.

“[La minería ilegal se trata de un problema muy serio, un problema muy grande, un problema de Estado que compromete no solo al Ejecutivo, sino también al Poder Judicial, al Poder Legislativo, a la sociedad en general, la sociedad civil, la población. Hay un problema también de corte social; o sea, el problema de la minería ilegal no se limita a un daño al medio ambiente, sino que hay un problema social de por medio que está afectando especialmente a muchas comunidades nativas, sobre todo en nuestra Amazonía”, explicó.

Además de estas comunidades, García Esquerre agregó que este problema también afecta a “los mismos trabajadores mineros que están muchas veces siendo explotados porque trabajan en condiciones realmente desastrosas, trabajando en socavones o en los ríos, contaminándose con mercurio”.

“Lamentablemente tenemos minería ilegal en todas las regiones del Perú. Hay regiones donde es bastante más grave, por ejemplo, en Madre de Dios, Loreto, Amazonas, Ucayali, Huánuco, y por su puesto en Pataz (La Libertad) y Puno la situación es terrible. Entonces, poco a poco, las intervenciones del Estado que hoy son básicamente coercitivas, deben ir cambiando a ser un poco más propositivas, en el control, la fiscalización, la investigación, pero también ene l desarrollo, y también en economías alternativas”, puntualizó.

¿Cómo trabaja el Estado?

García Esquerre explicó que, ante este problema, desde el 2023 funciona una comisión multisectorial integrada por nueve ministerios y cinco instituciones, que ejecuta acciones bajo tres ejes: formalización, erradicación y recuperación ambiental.

El alto comisionado agregó que uno de los principales avances ha sido la exclusión de más de 50 mil registros mineros que no realizaban actividad real, reduciendo el universo de inscritos a cerca de 31 mil.

Asimismo, destacó el incremento de operativos de interdicción en todo el país. En ese sentido, informó que en 2024 se realizaron 745 operativos, con material incautado valorizado en más de 2240 millones de soles. En 2025, las intervenciones aumentaron a 1037, y el valor del material destruido o incautado alcanzó casi los 4 mil millones de soles.

Sin embargo, precisó que la lucha contra la minería ilegal no puede basarse únicamente en acciones represivas. Explicó que destruir maquinaria o cerrar campamentos no soluciona el problema si no se acompaña con alternativas de desarrollo. En ese sentido, anunció que la comisión aprobó la creación de un grupo de trabajo para implementar una nueva estrategia de recuperación ambiental, que incluirá programas de desarrollo en zonas afectadas y promoción de inversiones legales.

Acciones en Pataz

Sobre la realidad en Pataz (La Libertad), una de las zonas más golpeadas por la minería ilegal, y sus actividades conexas, afirmó que actualmente existen tres puestos de control en rutas estratégicas, con presencia de Sunat, Migraciones, Policía Nacional y Fuerzas Armadas.

Además, destacó que el Ministerio de Energía y Minas viene desarrollando un sistema informático que permitirá rastrear el origen del material minero y detectar si proviene de zonas ilegales. Detalló que, con apoyo de tecnología y laboratorios especializados, se podrá determinar la procedencia del oro mediante análisis geológicos, imágenes satelitales y rutas de transporte.

Más presupuesto

García Esquerre también se refirió al presupuesto destinado para la lucha contra este flagelo. Indicó que en el 2025 se registró un aumento en el presupuesto, lo cual permitirá fortalecer las operaciones aéreas, especialmente en zonas de difícil acceso en la Amazonía, donde antes no se contaba con recursos suficientes para helicópteros y patrullaje aéreo. No obstante, reiteró que la solución debe ser progresiva y sostenida. Comparó las interdicciones con un “jarabe para bajar la fiebre” y al control y fiscalización con el “antibiótico” que cura la enfermedad.