Por Yessenia Coronel* / ycoronel@spda.org.pe

 

En La Oroya (departamento de Junín) aún existen días en que el aire produce una picazón en la garganta, muy similar a la molestia de una bomba lacrimógena. Esto se debe a la contaminación que genera el complejo metalúrgico que ha comenzado a operar otra vez desde marzo del año pasado, aunque parcialmente.

Solo el sábado 26 de abril de 2025, para citar un ejemplo, los niveles de dióxido de azufre alcanzaron los 250 microgramos por metro cúbico (ug/m3), según el reporte del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA). Pero no ha sido el único día en este año con niveles altos. El martes 11 de marzo se llegó a 432 ug/m3, y el viernes 7 de febrero a 384 ug/m3. Estas cifras generan preocupación si consideramos que la Organización Mundial de Salud (OMS) recomienda no superar los 40 microgramos por día.

La contaminación en esta ciudad ubicada a 3745 m s. n. m. no es un hecho reciente. Desde hace décadas, el Complejo Metalúrgico de La Oroya ha contaminado el aire, suelo y agua. El 22 de marzo de 2024, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) lo confirmó a través de una sentencia histórica que responsabilizó al Estado peruano por permitir la vulneración de los derechos humanos de 80 habitantes, entre ellos el derecho a vivir en un medio sano, a la salud, al acceso a la información, a la integridad personal, y a una vida digna.

La Corte IDH reconoció a estas personas como víctimas de esta contaminación. En este grupo se encuentran Marina Curi, Alejandro Lirio y Liliana Carhuaz, quienes, desde diferentes frentes, revelan qué ha significado crecer, enfermar y resistir en La Oroya.

Una infancia marcada 

“Cada vez que sonaba la alarma de las emisiones de gases, los profesores nos decían ingresen, ingresen a las aulas. Todos los niños entrábamos al aula, sacábamos el trapito húmedo y lo colocábamos sobre nuestras bocas para respirar”, recuerda Marina Curi sobre su infancia en La Oroya. Ella estudió la primaria en el colegio José Antonio Encinas, ubicado justo al frente del complejo metalúrgico.

Este recuerdo que relata detalladamente Marina, se repetía al menos una vez por semana. “Era demasiado constante y seguido, al menos en esos tiempos”. En el 2013, Marina tenía diez años y La Oroya no solo ya había sido catalogada como una de las diez ciudades más contaminadas del mundo, sino que el Ministerio de Salud (Minsa) había determinado que 788 niños y niñas tenían niveles de plomo en la sangre que superaban los niveles recomendados por la OMS.

Marina cuenta que a los minutos de sonar la alarma que provenía del complejo metalúrgico, comenzaba a sentir mucha picazón en los ojos y en la garganta, a tal punto que sentía que no podía respirar. “Yo y mis compañeros sentíamos el olor a azufre, ese sabor medio amargo de los metales. En ese tiempo, sí se sentía fuerte, muy fuerte, al punto de quedarte sin aire o incluso empezar a lagrimear o querer llorar. Lo peor era esa desesperación de querer respirar y no poder hacerlo. Éramos unos niños”.

Para calmar esa picazón en la garganta, Marina y sus compañeros bajaban al primer piso, donde se ubicaban los baños, y hacían gárgaras con agua. Esa acción se volvió tan normalizada y rutinaria que entre los propios niños se había creado un juego. “En cierto modo con los niños era un tanto gracioso, por decirlo de este modo.

Se había creado un juego de resistir, y era como un ‘a mí no me pica’. Era una competencia”. Marina ha vivido toda su vida en La Oroya. Actualmente tiene 22 años y, pese al paso de los años, no olvida cómo una alarma pudo significar detenerlo todo para refugiarse de los gases que invadían el aire.

“Esa alarma que era de la propia empresa, era un aviso sobre que iban a emitir niveles muy altos de gases, era como si ellos nos dijeran: ‘Ya vamos a empezar a emitir humo’. Pero se volvió una costumbre. Ni bien la escuchábamos, íbamos adentro, cerrábamos las ventanas. A veces uno piensa que estas escenas son solo de películas. Era una alarma, pero no podíamos salir de casa o hacer otro tipo de acciones”.

[Ver además ►La Oroya: víctimas de contaminación piden al presidente Jerí cumplir con el fallo de la Corte IDH]

Una salud resquebrajada 

Alejandro Lirio no puede dormir echado porque le duele el pecho y siente que se ahoga. Tampoco puede vivir en La Oroya, donde tiene su casa, porque el clima complica su diagnóstico de salud: fibrosis pulmonar, una enfermedad crónica que dificulta su respiración incluso cuando está en reposo.

“Mi salud es crítica. O sea, es irreversible el problema en mis pulmones. Eso es lo que me han dicho los doctores, es irreversible. Lo único que tengo que hacer es ir a climas cálidos”, cuenta con una voz pausada.

Él es un extrabajador del Complejo Metalúrgico de La Oroya. Ingresó a laborar en la empresa en 1979, en el área de Control de Calidad, y se mantuvo allí por más de veinte años. Su trabajo consistía en pulverizar los concentrados de metales que venían desde diversas minas de Perú y del extranjero. Esta tarea, según cuenta Alejandro, habría deteriorado sus pulmones.

“Eran metales como plomo, zinc y cobre. De ahí se derivaban los otros 18 subproductos. Y entonces el pulverizador es lo que más me contaminaba los pulmones. Y por esa contaminación no puedo respirar. Hay momentos en los que me desvanezco, no tengo esa fuerza de voluntad de seguir viviendo. Mi respiración se corta”.

Pero sus síntomas no son recientes, estos comenzaron a evidenciarse cuando era trabajador. Alejandro recuerda que uno de los exámenes médicos, que hizo la propia empresa, arrojó que tenía un promedio de 18 microgramos por decilitro (ug/dL) de plomo en la sangre, una cifra muy superior a lo recomendado por la OMS, que establece un límite de 5 ug/dL.

A sus 69 años, Alejandro constantemente deambula de un lugar a otro para tener calidad de vida: algunas veces está en la selva, otras en Huancayo. Afirma que cada semana debe tomar diversos medicamentos debido a su fibrosis que le causa dolor, y estos se han incrementado con los años. A su edad, además, ha sido testigo del fallecimiento de sus compañeros con síntomas similares y en un profundo silencio.

“El ingeniero Agustín Mamani ha fallecido con un mal en sus pulmones. Hay varios compañeros que han muerto, simplemente gozaron su jubilación tres o cuatro años. [Sobre estas muertes] nunca se ha pronunciado la empresa ni el Estado, siempre han fallecido en el silencio, sin ningún apoyo”, afirma.

Lucha y estigmatización

A Liliana Carhuaz le ha tocado enfrentar otra secuela de la contaminación en La Oroya: la estigmatización y el amedrentamiento. Desde el 2003, ha exigido al Estado que cumpla con su obligación de proteger su derecho de vivir en un ambiente sano. Incluso formó parte del grupo de habitantes de dicha ciudad que acudió a la Corte IDH ante la falta de respuestas efectivas del Estado peruano. Su participación en esta lucha inició luego de que percibiera que su hermana menor estaba siendo afectada por la contaminación del aire.

“Aproximadamente en el año 1998, mi hermana menor empezó con afecciones respiratorias de la nada. No sabíamos el motivo. En ese año, las emisiones del complejo empezaron a incrementarse abismalmente. […] Entonces, ahí me di cuenta de que todas las afecciones respiratorias de mi hermana eran consecuencias del dióxido de azufre”, manifiesta.

Sin embargo, este camino no ha estado libre de agresiones. Liliana recuerda un episodio ocurrido en el 2005, cuando su nombre empezaba a conocerse en esa lucha: aquel día un grupo de personas la interceptó en la plaza La Libertad, con intenciones de agredirla.

“Yo estaba recostada en un muro esperando que unos periodistas terminaran una entrevista y, de pronto, vinieron los trabajadores de la empresa con sus esposas, dispuestos a pegarme. Me dijeron: ‘Tú eres la que provoca eso’. Me querían pegar”.

Después de ese episodio, Liliana no volvió a caminar por aquel lugar en al menos seis meses. Intentó pedir garantías, pero no habría tenido una respuesta alentadora. “Me dijeron que debía traer la identificación, el nombre de las personas y la dirección de todos [los que la amenazaron]. ¿Cómo iba a regresar al lugar donde me han querido pegar?”.

Pero eso no era todo. A estos amedrentamientos se sumaron también los insultos y la estigmatización. “Si hablábamos de salud, de ambiente, de la calidad de aire, se iban en nuestra contra. Parte de la población, sobre todo los trabajadores de la empresa, nos decían ‘antimineros’, ‘terroristas verdes’, que estábamos en contra de La Oroya, en contra de la actividad económica.

Solo por reclamar nuestros derechos”. Con el paso de los años, estas agresiones han disminuido, aunque no han desaparecido, según comenta Liliana. Ella recalca que nunca quisieron el cierre de la empresa, sino que opere con responsabilidad y respeto a la vida y al ambiente:

“Nunca hemos pedido el cierre de la empresa, sino que cumplan con todos los estándares con todas las leyes y las normas adecuadas para proteger nuestra salud y el ambiente”, concluye.

Actualmente, tanto Liliana Carhuaz como Alejandro Lirio, esperan que la sentencia de la Corte IDH se cumpla para que tengan la atención adecuada en salud, y para que la contaminación no sea un obstáculo si se trata del futuro de los niños y jóvenes como Marina Curi.

Dato:

• En marzo de este año se cumplirán dos años de la sentencia de la Corte IDH contra el Estado peruano. La corte ordenó la remediación de la zona, así como la compensación y monitoreo ambiental. Además, la atención integral de salud a los afectados, una indemnización, entre otras medidas. Sin embargo, poco o nada se ha hecho hasta el momento.

 

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