Foto: Sernanp

Escribe: Ruben Mamani Huamani

En las franjas costeras del Perú, la defensa ambiental suele tener poca difusión, pese a que se trata de espacios donde la vida se entrelaza con el agua. Este es el caso de Lagunas de Mejía, ubicado en la provincia de Islay (Arequipa), un santuario nacional que representa uno de los últimos refugios costeros del sur peruano para aves migratorias y comunidades locales que dependen del equilibrio del ecosistema.

Este paraíso natural enfrenta amenazas constantes: contaminación por residuos agrícolas (envases de agroquímicos y pesticidas), la expansión urbana, descarga de aguas residuales y el olvido de autoridades. Por ello, debemos reflexionar sobre la importancia de los defensores ambientales de la zona, las tensiones que enfrentan y las oportunidades de protección y restauración que podrían marcar un nuevo rumbo en la gestión de humedales costeros en el país.

Lagunas de Mejía fue declarado Santuario Nacional en 1984 y, en 1992, se convirtió en Sitio Ramsar, una categoría que agrupa a los humedales de importancia internacional. Sin embargo, incluso con este reconocimiento, las presiones externas han crecido de manera silenciosa. Por ejemplo, las descargas de agroquímicos en el valle del Tambo, los desechos sólidos y las aguas servidas han alterado la calidad del agua y la salud de la biodiversidad en este ecosistema, según registró el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) en 2023. A ello se suma la expansión agrícola que provoca una demanda mayor de insumos para la producción, que en los últimos años ha reducido zonas de amortiguamiento esenciales para el ecosistema, afectando no solo a las especies, sino también a las comunidades locales que dependen del humedal, ya que en la zona se realiza pesca artesanal y turismo.

En este contexto, emergen los defensores ambientales, a través de la acción de las juventudes y guardaparques, quienes asumen la tarea de proteger la vida que los rodea. Colectivos como la Asociación para la Conservación del Patrimonio Natural de Islay y grupos de jóvenes universitarios voluntarios lideran acciones de limpieza, monitoreo comunitario y apoyan en las denuncias que muchas veces no son atendidas por las autoridades locales, lo cual deja indefenso un recurso valioso y escaso. No obstante, la labor ha estado acompañada de riesgos: amenazas, falta de apoyo y una sensación de abandono estatal. Casos similares se han documentado en otras regiones del país, donde se enfrenta la criminalización por protestar o denunciar actividades ilegales.

Algunas actividades, como la quema de restos agrícolas, afectan a esta área protegida de Arequipa. Foto: Correo

Perú ha avanzado en el reconocimiento legal de los defensores ambientales, pero su protección efectiva sigue siendo débil, a pesar de que -en 2024- un fallo judicial obligó al Ministerio del Interior a implementar protocolos de prevención ante agresiones hacia defensores y guardaparques ante diversas amenazas.

Entre los que cometen estas amenazas figuran agricultores que aún persisten con el uso pesticidas prohibidos como el Paraquat o DDT, o con eliminar residuos generando incendios masivos que llegan a provocar problemas irreversibles al ecosistema. Otras acciones que ralentizan la conservación y protección son, por ejemplo, la burocracia, la falta de articulación entre niveles de gobierno, y la ausencia de recursos financieros. Todo ello agrava la vulnerabilidad de quienes defienden estos espacios.

El desafío no es únicamente legal, sino cultural y estructural. La defensa ambiental en la costa peruana tiende a ser invisibilizada frente a los conflictos amazónicos y mineros, los cuales deben atenderse de manera urgente. Sin embargo, no debemos dejar de lado a ecosistemas como los humedales costeros, los cuales cumplen funciones ecosistémicas vitales: regulan inundaciones, filtran contaminantes y almacenan carbono, por lo que su deterioro representa una pérdida en la lucha contra el cambio climático. Por ello, la defensa de ecosistemas como Lagunas de Mejía no es un asunto local y de un pequeño sector, sino una cuestión de seguridad ecológica nacional.

Una respuesta efectiva exige combinar conocimiento técnico con acción comunitaria. Experiencias exitosas en el norte del Perú como el programa piloto “Custodios del Estuario”, implementado por ONG locales en Piura y Lambayeque, reflejan el monitoreo comunitario y la restauración participativa en estrategias sostenibles y que puedan ser alcanzables. Este enfoque podría replicarse en Arequipa, adaptándose a la realidad del santuario, capacitando a monitores locales para medir la calidad del agua, y registrar vertidos ilegales. Coordinar ello no solo empodera a las comunidades, sino que fortalece la gestión pública, la conciencia ciudadana, convirtiéndose en una herramienta de defensa ambiental y nacional.

Foto: Sernanp

Por otro lado, se debe tener en cuenta que la protección y restauración ecológica debe ir de la mano con el beneficio colectivo, como implementar programas de turismo sostenible o educación ambiental, ofreciendo alternativas productivas que reduzcan la presión sobre el ecosistema. En Mejía, iniciativas de guías locales y observadores de aves han mostrado que la conservación puede ser también una fuente de desarrollo local. Sin embargo, para consolidar estos esfuerzos, se requiere voluntad política, financiamiento continuo y una red de protección tanto de defensores y guardaparques que inciden en la protección. El Santuario de Lagunas de Mejía podría convertirse en un laboratorio vivo de restauración costera y de defensa ambiental participativa, por lo que identificar un plan piloto articulado entre comunidad, academia y Estado podrá medir impactos, diseñar indicadores y generar políticas que puedan ser replicadas en otros humedales del país. Lo más importante es reconocer que la defensa del territorio no se reduce a resistir, sino también a construir alternativas sostenibles que puedan perdurar y lograr una esperanza ecológica del sur peruano.

Abordar desde un espacio diferente como el Santuario de Lagunas de Mejía es, inevitablemente, reflexionar sobre la riqueza de nuestro territorio e identificar que podemos lograr una defensa ambiental desde distintas posiciones y regiones en el que nos encontremos, puesto que el principal eje es la protección de nuestro ecosistema natural y, en el caso de los ecosistemas costeros, ser los primeros en recibir los impactos del modelo económico extractivo y los últimos en recibir atención. Abordar mayor atención a esa tendencia requiere una nueva narrativa: ver en cada humedal un territorio de vida, y en cada defensor una pieza esencial de la democracia ambiental. Si el Perú aprende a escuchar a quienes cuidan el agua, quizá aún esté a tiempo de evitar que sus costas se sequen de indiferencia.