La Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología del Congreso aprobó por unanimidad el predictamen que archiva el Proyecto de Ley 11822/2024-CR, una iniciativa que proponía modificar la Ley de Áreas Naturales Protegidas para permitir actividades extractivas en zonas actualmente intangibles. La decisión se tomó luego de que la comisión concluyó que la propuesta vulneraba el marco constitucional y ponía en riesgo ecosistemas, biodiversidad y derechos de los pueblos indígenas. 

El proyecto fue ingresado en julio de este año tanto a la Comisión de Pueblos como a la Comisión de Energía y Minas, tras ser presentado por el congresista Jorge Luis Flores Ancachi. Su iniciativa buscaba introducir cambios sustantivos a la Ley de Áreas Naturales Protegidas para permitir exploración y explotación de recursos naturales, incluida las actividades de hidrocarburos, en áreas de uso indirecto como parques nacionales y santuarios históricos, además de flexibilizar los procedimientos para modificar límites y zonificaciones de áreas protegidas mediante normas de menor jerarquía. 

En su análisis, la Comisión de Pueblos afirmó que la propuesta podía generar pasivos ambientales graves, comprometer ecosistemas y servicios ecosistémicos, y poner en riesgo a los Pueblos Indígenas en Aislamiento y Contacto Inicial (PIACI), al aumentar la posibilidad de contactos no deseados y propagación de enfermedades que amenazan su integridad y supervivencia.  

La presidenta de la comisión, la congresista Silvana Robles, también advirtió que el proyecto debilitaba mecanismos de supervisión ambiental y control parlamentario, además de no garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada para los pueblos indígenas potencialmente afectados.  

La comisión señaló que la iniciativa afectaba el principio de no regresividad ambiental, que impide reducir los estándares de protección ya alcanzados por el país, y resultaba incompatible con compromisos internacionales del Estado, como la Estrategia Nacional ante el Cambio Climático y el Acuerdo de París.  

El predictamen ahora deberá ser evaluado y votado por la Comisión de Energía y Minas, que definirá si se confirma su archivamiento. 

Decisión de la Comisión de Pueblos coincide con el análisis técnico de la SPDA 

En julio último, la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) elaboró una opinión legal a solicitud de la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología sobre el referido proyecto de ley. Su análisis concluyó que la propuesta implicaba un retroceso en los estándares de conservación, ya que al permitir actividades extractivas -como las de hidrocarburos que en su etapa de exploración y explotación son invasivas- en áreas de uso indirecto desnaturaliza la función de conservación estricta que cumplen estas categorías dentro del Sistema Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sinanpe), red que integra y administra las ANP del país bajo distintos niveles de protección. Cabe resaltar que, las áreas de uso indirecto se categorizan de esa manera porque los objetivos de conservación merecen un nivel de protección más alto debido a su importancia ecológica y de conservación. 

La SPDA también advirtió que permitir recortes o modificaciones de áreas naturales protegidas mediante decreto supremo -y no por ley, como exige actualmente la normativa- abría la puerta a decisiones sin criterios técnicos claros y debilitaba la seguridad jurídica del sistema. Sobre este punto, Carol Mora, directora del programa de Política y Gobernanza Ambiental, precisó que este tipo de medidas reduciría un procedimiento altamente técnico -el recorte de áreas naturales protegidas- a decisiones políticas, poniendo en riesgo los objetivos de conservación, y, por ende, el derecho de los peruanos y peruanas a gozar de un ambiente sano y equilibrado. 

El informe señaló igualmente que el proyecto carecía de mecanismos de consulta previa, aun cuando varias de las áreas involucradas se superponen con territorios de pueblos indígenas, incluidos espacios bajo esquemas de cogestión como la Reserva Comunal Amarakaeri. 

Al respecto, Silvana Baldovino, directora del Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA, destacó la importancia de decisiones legislativas basadas en evidencia técnica. “Las normas sobre áreas naturales protegidas deben basarse en evidencia rigurosa y en una visión de futuro. Retroceder en estándares de conservación pondría en riesgo nuestra biodiversidad y los derechos de los pueblos indígenas”. 

Amplio respaldo técnico 

El archivamiento preliminar también fue respaldado por un amplio consenso técnico entre el Ministerio del Ambiente (Minam), el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), organizaciones indígenas como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), y diversas organizaciones e instituciones especializadas, que coincidieron en que el proyecto representaba un retroceso en materia ambiental y en la protección de los derechos de los pueblos indígenas. 

 

[Lee la opinión legal de la SPDA aquí]