Foto: Mincul

Escribe: Melissa Sánchez / Programa de Biodiversidad y Pueblos Indígenas de la SPDA

Este 18 de mayo se cumplen 19 años desde la promulgación de la Ley 28736, más conocida como Ley PIACI, una norma pionera en el Perú que marcó un antes y un después en la protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial (PIACI).

Esta ley no solo reconoce formalmente a los PIACI, sino que también define un procedimiento específico para su identificación, garantiza su derecho a la autodeterminación y consagra el principio del no contacto, fundamental para la supervivencia de estos pueblos. Asimismo, establece la categorización de reservas indígenas en lugares donde los PIACI han habitado ancestralmente, convirtiéndolos en territorios intangibles donde están prohibidas actividades externas que puedan poner en riesgo su integridad física y cultural.

Desde entonces, el Ministerio de Cultura (Mincul), ente encargado de implementar el régimen especial transectorial establecido por la ley, ha categorizado seis reservas indígenas y dos reservas territoriales. En conjunto, suman alrededor de 4.5 millones de hectáreas en la Amazonía peruana protegidas a favor de los PIACI. Esta cifra representa un avance significativo en la defensa de sus derechos y en la conservación de sus territorios. Sin embargo, a casi dos décadas de la vigencia de la Ley PIACI, el modelo enfrenta múltiples desafíos que cuestionan si es realmente suficiente para garantizar una protección efectiva de estos pueblos.

Recursos limitados y tiempos excesivos

Las reservas, principal mecanismo para salvaguardar a los PIACI, requieren una gran cantidad de recursos para su vigilancia y protección. Estas áreas abarcan vastos territorios de la Amazonía, lo que dificulta su control, sobre todo frente al avance de actividades ilegales como la minería, la tala y el narcotráfico, que continúan representando una amenaza directa para sus vidas.

Un reto crítico es la falta de financiamiento público. Actualmente, los estudios necesarios para el reconocimiento de un pueblo en aislamiento o contacto inicial, así como los informes técnicos para la categorización de reservas, son financiados casi en su totalidad por la cooperación internacional. La dirección del Mincul responsable del tema no cuenta con un presupuesto adecuado para asumir todas sus funciones, lo que limita seriamente su capacidad de acción.

Además, el proceso de categorización de una reserva puede tomar décadas. Las dos últimas reservas reconocidas en el país tardaron cerca de 20 años en ser categorizadas desde que fueron solicitadas, lo que genera incertidumbre legal y la superposición de derechos sobre los territorios solicitados.

Por si fuera poco, el Mincul ha identificado la presencia de PIACI fuera de las reservas, incluso dentro de áreas naturales protegidas, lo que evidencia la necesidad de un mecanismo eficaz de coordinación interinstitucional, especialmente con el  Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Sernanp).

¿Y ahora qué?

Es urgente repensar el modelo de protección de los pueblos indígenas en situación de aislamiento y contacto inicial. Necesitamos contar con un componente financiero sólido y sostenible, y con una articulación efectiva entre sectores y niveles de gobierno, para asegurar que esta ley cumpla con su propósito: garantizar la vida, la salud y el territorio de los pueblos más vulnerables del país.