[Opinión] ¿Quién defiende a los defensores ambientales?

 

 

 

 

Escribe Fátima Contreras / Política y Gobernanza Ambiental de la SPDA

 

El cuarto día de negociación del Acuerdo Regional del Principio 10 sobre los derechos de acceso a la información, participación ciudadana y justicia ambiental en América Latina y el Caribe, se centró en la negociación del artículo sobre defensores y defensoras ambientales, propuesta que fue presentada por la delegación de Costa Rica en la séptima reunión en Buenos Aires en agosto del 2017.

En ese entonces, algunos gobiernos, incluido el nuestro, se expresó favorablemente por el artículo, aludiendo que nuestro país es uno de los más peligrosos en la región y que de por sí enfrenta una alarmante cifra de ataques contra defensores y defensoras ambientales.

Negociación sin precedentes

Para esta ocasión, el debate se enriqueció con la ponencia de la representante del Alto Comisionado de Derechos Humanos de América Latina y el Caribe, de la Organización de las Naciones Unidas, quien en primera instancia felicitó a las delegaciones y a las organizaciones y representantes del público por promover la inclusión de un artículo que reconozca y responda a la necesidad de brindar protecciones legales a los defensores ambientales.

No existe otro instrumento internacional en el mundo que incluya disposiciones para garantizar su protección ni mucho menos que los defina. Sin embargo, lo que sí existe, son numerosos informes especializados que dan cuenta de la vulnerabilidad a la que están expuestos las personas y grupos que defienden los derechos medioambientales.

El último informe presentado a la Asamblea General de las Naciones Unidas, elaborado por el relator especial de las Naciones Unidas destaca el importante papel que desempeñan los defensores ambientales para garantizar que el desarrollo sea sostenible, por lo que es elemental su empoderamiento y protección para la protección general del medio ambiente.

Frentes en debate

Si bien resulta innegable la necesidad de establecer un marco legal internacional de protección para las personas y grupos que defienden los derechos humanos ambientales, sorprendió la posición de delegaciones como Colombia y México quienes buscaron limitar las medidas para el reconocimiento, protección, prevención y sanción.

Evidentemente, esta limitación pondría en peligro, las medidas que los gobiernos aplicarían para proteger a las personas y grupos defensores ambientales, especialmente si no cuentan con un marco legislativo nacional o si con el que cuentan es muy endeble.

En la misma línea, la delegación de Jamaica propuso limitar la implementación de medidas para investigar, sancionar y prevenir ataques, amenazas o intimidaciones que los defensores ambientales puedan sufrir, en función de las capacidades nacionales de cada país. Nuevamente, esta propuesta limitaría la persecución de delitos o hechos ilícitos frente a defensores ambientales ya que el objetivo de incluir estas medidas en un instrumento internacional es fomentar que los países se esfuercen para crear un régimen nacional sólido.

La voz del público

Los representantes del público -quienes participan de la reunión de negociación como observadores, con facultad de aportar al debate, pero sin opción a voto- hicieron hincapié en la obligación y deber de los gobiernos para proteger a las personas defensoras.

Además, recordaron que América Latina y el Caribe es una de las regiones en donde más se vulneran los derechos humanos de los defensores ambientales, lo que se demostró mediante la proyección de un video en donde se recopilaban los nombres de los defensores que habían sido asesinados en este último año.

Consensos favorables contra viento y marea

Finalmente, después de una larga discusión, se logró consensuar la redacción de un artículo en el Acuerdo Regional del Principio 10 sobre “defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales” que reconoce el de los gobiernos de garantizar un entorno seguro y propicio para las defensoras y defensores ambientales a fin que puedan actuar sin amenazas, restricciones e inseguridad. De aprobarse este Acuerdo regional el Perú, deberá adoptar medidas para el reconocimiento, protección y promoción de todos los derechos de los defensores ambientales.

Ahora, el reto es lograr que este Acuerdo Regional sea efectos vinculantes para todos los países adherentes.



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